Roberto Noble, el vocero del poder militar ilegal en tiempos de Frondizi
Eduardo Luis Duhalde
Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Las prácticas del terrorismo de Estado no comenzaron en 1976, sino en el año 1955. La actividad de los Noble y el diario Clarín, asociada con los militares y el terror, tampoco comenzó con Videla y Papel Prensa, sino que se remonta también al golpe del ’55.
En esta nota, comenzamos mostrar la indignidad de la conducta permanente e ignominiosa del Grupo Clarín, con un gravísimo episodio de la década de 1960.
El 6 de junio de 1960, el ministro del Interior Alfredo Vítolo envía este Memorando urgente al presidente Frondizi, que se conserva en el Archivo de este último, actualmente fondo de la Biblioteca Nacional:
“Señor Presidente:
Hace alrededor de media hora me llamó el Dr. Noble.
Pensaba hablar con Vd. para pedirle que en algún momento conversaran; no obstante, dada la premura de los acontecimientos, me encargó que con la mayor urgencia le trasmitiera su opinión sobre la actual situación:
Me dijo textualmente: “Dígale al presidente que, como gran amigo que es, soy de opinión que debe intervenir Córdoba con la media sanción de la ley por parte de Senadores” (subrayado en el original).
Le contesté: “No conozco ningún precedente.” Me volvió a repetir: Hay momentos históricos en que los precedentes deben crearse. El Senado representa a las Provincias, y ahí ya obtuvo los dos tercios. En Diputados va a ver demora por el pase a Comisión y existiría el peligro de que no salga. EL PRESIDENTE DEBE VIAJAR A EUROPA EL LUNES Y A ESA FECHA CORDOBA DEBE ESTAR INTERVENIDA. (subrayado, idem).
Me reiteró que se lo trasmitiera urgente. Que si Vd. adoptaba esa posición, él con su diario, se encargaba de la opinión pública general y lo apoyaría en todos los órdenes. Pero que lo haga.
El carácter de este mensaje ha sido la causa de mi insistencia en que se lo hiciesen llegar en el acto.”
En pocas palabras: Roberto Noble instaba al presidente de la Nación a violar groseramente la Constitución Nacional, sin la pertinente Ley de Intervención Federal a la provincia de Córdoba, aprobada por ambas Cámaras del Congreso Nacional, y como “pago” de su obligante consejo imperativo, le aseguraba la manipulación de la opinión pública y el apoyo del diario Clarín de allí en más.
El mensaje mafioso, por cierto que no era una ocurrencia personal de Noble, ya que formaba parte de la política destituyente del gobierno civil, ligada a los peores sectores del golpismo terrorista de 1955 en adelante.
Hagamos un poco de memoria histórica:
El 16 de febrero de 1960 visitaban Córdoba el ministro de Economía Álvaro Alsogaray y el secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher. Ese mismo día explotaban los depósitos de nafta que la empresa estadounidense Shell-Mex tenía en barrio San Fernando, en cercanías del ramal ferroviario tendido hacia Malagueño. La cifra de muertos fue de 15 personas y hubo una veintena de heridos. La conmoción nacional fue muy grande. Toda la prensa lo calificó como “un atentado terrorista”. Nunca se probó siquiera que fuera un atentado y no un accidente técnico. Finalmente, los que estuvieron presos por el hecho, tras 19 meses de torturas y de encierro, fueron sobreseídos y no hubo ninguna persona condenada por su eventual autoría.
Frente a “la voladura de la Shell-Mex”, el Ejército tomó las riendas del caso por encima de los poderes constitucionales de la República. Fue el prefacio de la caída del gobernador electo en 1958, Arturo Zanichelli –de la Unión Cívica Radical Intransigente– y de la intervención federal a los tres poderes de la provincia.
Ya por entonces, el presidente Arturo Frondizi mostraba una abierta claudicación de los principios republicanos y cedía a las presiones de los cotidianos planteos militares, autorizándoles la represión a civiles en virtud del Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes).
En virtud de del Plan Conintes y frente al suceso de Córdoba, se creó un Consejo de Guerra Especial y se puso en vigencia la “pena de muerte” y el establecimiento de “zonas militares”, justificadas para “tiempos de guerra”. El Consejo era presidido por el siniestro coronel Juan Carlos Sánchez, quien diez años después, ascendido a general, sembró de terror y muerte el II Cuerpo de Ejército en la dictadura de Lanusse, hasta que murió en un atentado guerrillero en 1972, en Rosario. Integraba también el Consejo de Guerra, el entonces capitán José Antonio Vaquero, quien posteriormente llegaría a general, siendo uno de los jefes más feroces del Estado Terrorista a partir de 1976.
Paralelamente, los militares detuvieron a los máximos dirigentes del peronismo cordobés, entre ellos, Raúl Bercovich Rodríguez, Armando Andruet y Julio Antún; también se allanó el domicilio del ex gobernador radical Santiago del Castillo. Asimismo, se detuvo a numerosos dirigentes sindicales que nada tenían que ver con el presunto atentado.
En 1958, el coronel Juan Carlos Sánchez había acusado a Zanichelli –en un informe presentado al Comando en Jefe del Ejército– de “promover la formación de milicias civiles adictas, integradas por peronistas e izquierdistas”. En marzo de 1959, un informe de la inteligencia militar que el comandante en jefe del Ejército entregó al presidente Arturo Frondizi –conocido como Informe Conintes o Informe Landa–, reiteraba la acusación.
Por ello, los partidarios del gobernador de Córdoba tenían otra hipótesis sobre la voladura de la Shell: era una operación militar destinada a derribar a Zanichelli. Al respecto, el diputado provincial Héctor González advertía en una sesión legislativa de entonces: “Los servicios de información secreta del Ejército, el famoso Side y otros más (…) se han convertido en organismos judiciales y fiscales al margen de la Constitución, y entran en el terreno político. Aceptar que los informes de organismos del Ejército puedan servir para enjuiciar a un gobierno civil sería dar validez a lo que podríamos llamar nuevo tipo de golpe de Estado.”
El 12 de mayo de 1960, el comunicado número tres del Comando en Jefe del Ejército, firmado por Federico Toranzo Montero –ampliamente difundido por los medios–, no sólo acusaba a Zanichelli de complicidad, sino que lo responsabilizaba de “organizar y armar grupos terroristas”. El conservador Partido Demócrata y el Partido Cívico Independiente (que respondía a Alsogaray) también responsabilizaron al propio gobernador en sintonía con la acusación militar.
El entonces juez de Instrucción Héctor A. Gilly ordenó la detención de los presuntos autores, y los imputó por asociación ilícita. Estos ocho imputados eran militantes de la inorgánica “resistencia peronista”, entre ellos el “Coco” Pedrotti, un conocido activista del nacionalismo peronista al que le imputaban la jefatura del grupo. El 22 de abril de 1960, el coronel Sánchez solicitó por nota al juez Gilly la entrega de los detenidos, sin aclarar por cuánto tiempo ni dónde los alojaría. Así, este rechazó el requerimiento afirmando que en tales condiciones “la negativa es, pues, inevitable”. Sánchez, no admitió la “insolente” respuesta del juez de la constitución, y dos días después, envió los comandos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas, al mando del mayor Manuel H. Pomar, a la Cárcel de Encausados y los sustrajo por la fuerza. (Pomar, con el grado de capitán, a los 27 años había participado en los combates librados en Córdoba durante la Revolución Libertadora, y luego con su tropa de élite, conocida como “los perros de Pomar” se dedicó a allanar casas de militantes peronistas, detenerlos ilegalmente y someterlos a todo tipo de vejámenes. Se retiró como general de Brigada, pero fue convocado luego, por el Estado Terrorista en 1981 y se desempeñó como director de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF).
De inmediato, el juez de Instrucción puso en conocimiento del hecho al Tribunal Superior de Justicia, presidido por Antonio de la Rúa (padre de Fernando de la Rúa). El máximo tribunal emitió, entonces, una histórica acordada el 26 de abril de 1960, mediante la cual respaldó en forma categórica la jurisdicción del juez civil para entender en la cuestión de las actividades subversivas, no obstante la vigencia del Decreto 2639/60, del Poder Ejecutivo Nacional, que se la confería a las autoridades militares, por el plan Conintes. Entre otras cosas, sostuvo el Tribunal Superior: “Que durante la vigencia del estado de sitio el gobierno federal no puede interferir por sí o por intermedio de autoridad que le esté subordinada, el normal ejercicio del Poder Judicial de la provincia que en el presente caso, el ejercicio legítimo de la jurisdicción de un juez local ha sido interferido por la autoridad militar. Que el acto cumplido implica prácticamente el más terminante arrogamiento de jurisdicción y el total desconocimiento de la del juez de la provincia al margen del debido procedimiento legal, con la consecuencia inadmisible de la más drástica intervención militar en la vida civil local (...) que a este Tribunal le corresponde velar por los fueros de la jurisdicción local y promover su defensa por la vía constitucional.” El integrante del Tribunal Superior, Esteban Gorriti, pronunció la frase más contundente: “Sólo una mente trasnochada pudo haber creído que en estos tribunales encontraría furrieles en lugar de magistrados.” Remitida de urgencia la causa a la Corte Suprema, esta dio la razón al Tribunal Superior el 29 de abril y ordenó al juez militar la restitución de los detenidos al juez civil, dentro del plazo de tres días.
Frondizi, para congraciarse con el poder militar, intervino las cárceles del Servicio Penitenciario Nacional y se las entregó a las FF AA (al conocido represor Toranzo Montero). A partir de allí, los presos políticos en Córdoba eran “prestados” al Consejo de Guerra Permanente que funcionaba en la calle 27 de abril esquina Mariano Moreno, donde eran torturados y sometidos a continuos interrogatorios para que “confesaran”.
Los militares no se conformaron con ello, inflamados sus ánimos por la
desautorización infligida por el sistema judicial, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas exigió al presidente Arturo Frondizi la intervención federal a los tres poderes de la provincia de Córdoba, aduciendo que el gobierno de Arturo Zanichelli era incapaz de enfrentar la amenaza terrorista, por las buenas relaciones que mantenía con la proscripta dirigencia peronista. Frente al peligro cierto de ser él mismo derrocado en caso de no acceder, Frondizi cedió, una vez más, a la presión militar y envió al Congreso el proyecto de ley de intervención contra su amigo Zanichelli, el que aprobado por el Senado, era resistido por parte de los diputados oficialistas, sospechando los conspiradores cívico-militares –entre ellos Roberto Noble– que en esa resistencia podía estar la propia mano de Frondizi.
Es allí que se produce el chantaje gansteril del director del diario Clarín, obligando al presidente de la República a ceder a la exigencia militar: la intervención federal a Córdoba fue aprobada de inmediato, tras un áspero debate en la Cámara de Diputados. Apenas nueve días después de la carta de Noble, asumía la intervención provincial un hombre del establishment: Juan Francisco de Larrechea, ligado a Álvaro Alsogaray. (Luego de realizar la tarea sucia de la intervención, Larrechea fue premiado con la presidencia del Banco Industrial de la República Argentina).
Si los presos por el “atentado”, hubieran conocido el papel jugado por la prensa canalla bajo la batuta de Roberto Noble, hubieran entendido las palabras del juez de instrucción Héctor Gilly, cuando aquellos le expresaron que querían ir de inmediato a juicio oral: “no podemos llevarlos a juicio, porque la gente vendrá a ver un juicio instalado por los medios y el mismo no estará referido al hecho publicitado” (sic).
Veinte meses después, sería depuesto el propio presidente Frondizi. Ya ese día Clarín lo había abandonado a su suerte.
